La UOM, SMATA, ATE, APL y la Asociación Bancaria acusan a la Corte Suprema de "persecución política" y se preparan para movilizar un paro nacional si se ratifica la condena contra la ex presidenta y candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires. Leer más
Son metalúrgicos, mecánicos y los estatales porteños. Hablan de "proscripción de la voluntad popular"
Con la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso judicial de Cristina Kirchner para evitar una condena por el caso Vialidad que la inhabilite de forma perpetua para ocupar cargos públicos, el peronismo activará mañana una reunión para analizar los pasos a seguir. Se realizará también un acto homenaje al "Día de la Resistencia Peronista" en el que la expresidenta estaría presente.Desde las 15, en la sede del PJ ubicada en la calle Matheu 130, del barrio de Balvanera, se realizará una reunión en la que se definirán acciones del partido en caso de que el máximo tribunal rechace el recurso de queja de Cristina contra su condena, como se especula que haría antes del 19 de julio, fecha límite para el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, donde la exmandataria aspira a postularse a diputada por la tercera sección electoral.Entre las acciones que serán puestas a consideración figura la convocatoria a una marcha en defensa de la titular del PJ.NO NOS HAN VENCIDO â??ð??¼A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, nos encontramos en la sede del Partido para conmemorar el Día de la Resistencia Peronista. Nos vemos este lunes 9 de junio desde las 17 hs. en Matheu 130. pic.twitter.com/qrK4MrzKp4— Partido Justicialista (@p_justicialista) June 6, 2025Luego de ese encuentro por la posible confirmación de la pena contra Cristina, del que no trascendieron sus participantes, desde las 17 se hará en la sede partidaria del peronismo un acto de homenaje por el "Día de la Resistencia Peronista". El partido rememora en esa jornada el levantamiento liderado por el general Juan José Valle en 1956 contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.Territorio amenazado. El avance narco sobre un conurbano descompuestoCristina Kirchner estaría presente en el acto por el "Día de la Resistencia Peronista", señalaron desde el justicialismo.La convocatoria para organizar una reacción ante el posible fallo de la Corte se preveía en el Instituto Patria, pero el traslado al PJ le garantizaría mayor caudal a la convocatoria de dirigentes, argumentaban fuentes peronistas.La expresidenta aceleró en su exposición pública en las últimas semanas. Encadenó una entrevista televisiva en la que confirmó su candidatura a diputada provincial, un llamado telefónico a su rival interno Axel Kicillof y una posterior reunión cara a cara, y un discurso en Corrientes en el que reclamó que la dejen competir en las urnas.
Dirigentes y legisladores del oficialismo se reunirán este lunes en el Instituto Patria para analizar la posible confirmación de la condena por corrupción que enfrenta la exmandataria en el caso Vialidad. "Hay una idea de hacer algo", dijeron desde el espacio ante la posibilidad de convocar a una movilización
El senador Carlos Parrilli, uno de los hombres de mayor confianza de la exmandataria, afirmó que el proceso judicial fue una acción coordinada por "funcionarios al servicio del poder monopólico y económico"
La Corte Suprema de Justicia confirmará "en las próximas semanas" la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, según revelaron fuentes judiciales.Así las cosas, la expresidenta deberá cumplir arresto y no podrá postularse a diputada bonaerense, como anunció el lunes pasado. El plazo para la oficialización de candidaturas vence el 19 de julio y la Corte Suprema se pronunciaría antes de esa fecha.Los jueces de la Corte Suprema que deben resolver la sentencia son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal se apresta a rechazar tanto el recurso de queja de Cristina Kirchner, que pedía revisar su condena por fraude, como el recurso del fiscal Mario Villar, que reclamaba duplicar la pena a 12 años y agregar el delito de asociación ilícita.Los jueces de la Corte optarían por invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Federal que les permite rechazar los recursos sin dar mayores explicaciones. Se trata de una solución habitual cuando no se advierten arbitrariedades en el proceso.Cerca de juez Ricardo Lorenzetti, sin adelantar el sentido del voto, ya manifestaron que el fallo debe conocerse en el mes de junio, pues "la Corte debe ser transparente y evitar suspicacias sin interferir en el proceso electoral".Sus dos colegas no dejaron trascender nada. "Silenzio stampa" se escuchó como respuesta en los despachos de Rosatti y Rosenkrantz. De otras fuentes de los tribunales se supo que "la decisión se conocerá en las próximas semanas"."Estamos trabajando en el caso", dijo un funcionario de la Corte. En lo formal se espera un informe del secretario penal y, luego, que el proyecto gire por las vocalías. Sin embargo, en este caso, estas formalidades no caben. Lorenzetti tiene la idea de que ya no hay ningún motivo para demorar la sentencia mas allá del próximo martes, pero aún debe verse cara a cara con sus colegas el lunes de la semana que viene.Sin embargo, Carlos Rosenkrantz se encuentra en Cipolletti, provincia de Neuquén y regresa el mismo lunes. Luego tiene previsto un viaje a México, que no le insumirá mas de cinco días, señalaron en los tribunales. Aún con esos compromisos, sigue vigente la idea de que el fallo se conozca antes del 19 de julio. El próximo lunes a la tarde los jueces de la Corte Suprema tienen agendada una reunión, lo que alimenta las especulaciones de una definición.En los tribunales federales siguen los movimientos de la Corte con lupa. Un encumbrado funcionario judicial que intervino en el caso Vialidad arriesga un fuerte argumento para pensar que el fallo se conocerá en breve. "Es lógico que la Corte resuelva antes de que Cristina Kirchner tenga fueros. De lo contrario sería como si un juez sabe que el imputado está por profugarse (acá se prófugaría a través de los fueros) y resuelve la detención cuando ya se escapó", dijo esta fuente.Y abundó: "Si la Corte Suprema fallara luego de la oficialización de la candidatura o de las elecciones, frustraría la acción de la Justicia". En cuanto al fallo de fondo y a los tiempos de resolución inminentes, en los tribunales federales hay coincidencia en que se aceleraron los plazos.A comienzos de año, el mundo judicial miraba la llegada de la causa Vialidad a la Corte con expectativa, pero con escepticismo en cuanto a una pronta resolución. En abril pasado, cuando el caso llegó al tribunal con la presentación del recurso de queja, primaba la idea de que el tribunal se iba a tomar un tiempo. Hasta fin de año, se decía entonces.Pasaron las semanas y la Corte no enviaba el caso a la Procuración para que Eduardo Casal opinara si correspondía duplicar la condena a 12 años, como pidió el fiscal de Casación Mario Villar. Crecía la ansiedad.Finalmente, el asunto llegó a Casal a mediados de abril, que dictaminó el 15 de mayo, y dejó el expediente en manos de los jueces de la Corte Suprema.Había una sensación de que los tiempos se iban a dilatar y colaboradores de Lorenzetti reclamaban a sus colegas que se vote, sin más demoras. El caso empezó a tomar velocidad. Primero fue determinante que la Corte resolviera, conjueces mediante, la causa de la Ruta del Dinero K y confirmara la condena a 10 años de prisión contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Rosatti y Lorenzetti rechazaron los recursos de Báez y Rosenkrantz, en disidencia, pidió darle vista el Procurador. En el mismo día, la Corte Suprema rechazó los recursos de Cristina Kirchner contra el fallo que había revocado su sobreseimiento en la causa de la Ruta del Dinero K. En otras palabras, esto implica que había dejado allanado el camino para que la sigan investigando a la expresidenta con relación a la fortuna de Lázaro Báez. Este fallo de la Corte contra Cristina Kirchner fue unánime.El caso Báez y el caso Kirchner tienen en común que en ambos hubo una condena de un tribunal oral, luego un doble conforme, con un fallo de Casación y en la Ruta del dinero K se dejó firme la condena con el rechazo del recurso del acusado invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Federal. Esta puede ser la solución para dejar firme la condena en el caso Kirchner.Con el caso Báez despejado, tomó velocidad el caso Kirchner.La Corte se reunió la semana pasada y rechazó inlimine (sin mas trámite) el pedido de Cristina Kirchner para apartar al juez Lorenzetti. Votaron los tres jueces. De esa forma, solo quedó por resolver si confirmaban o no la condena con lo que la causa entró en zona de definiciones. Al punto tal, que Cristina Kirchner eligió salir a hablar públicamente para anunciar su candidatura a legisladora bonaerense. Y el kirchnerismo se declaró en alerta y advirtió entonces que iban a resistir contra lo que ellos llaman una proscripción, que de conocerse la sentencia "en estas semanas" como dicen en los tribunales, será el leitmotiv de la campaña electoral bonaerense de septiembre y nacional de octubre próximo.
Está en juego la confirmación o no de la condena contra la ex presidenta en la causa Vialidad por corrupción en la obra pública, una decisión que podría modificar por completo el escenario político del año
El exembajador de Colombia en el Reino Unido negó las acusaciones de amenazas y presiones hechas por Luis Carlos Reyes en un caso que cuestiona la transparencia de nombramientos en entidades estatales
La exvicepresidenta vive por estas horas una frenética actividad política mientras sobre sus espaldas pesa la definición de la Corte Suprema de Justicia que debe resolver sobre su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Leer más
La decisión de la juez 66 de control de garantías de Bogotá busca garantizar el debido proceso y evitar eventuales nulidades
Tejeiro hizo la declaración durante la posesión del magistrado Víctor Julio Usme Perea ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, a la que no fue invitado el presidente Petro
Una mujer de Ohio dijo que su empleador prefirió darle el ascenso en su trabajo a un hombre homosexual
Este caso involucraba a las empresas Smith & Wesson e Interstate Arms
La causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, sumó un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión clave que podría acelerar el proceso judicial y tener un impacto significativo en el futuro político de la exmandataria. ¿Qué significa el rechazo in limine de la Corte Suprema?El rechazo "in limine" significa que la Corte Suprema desestimó la recusación presentada sin siquiera entrar a analizar el fondo de la cuestión. La Corte consideró que la presentación era inadmisible desde el principio, ya sea por cuestiones de forma o por falta de fundamentos sólidos."De acuerdo con la tradicional doctrina de esta Corte, que se ha mantenido inalterada a lo largo de toda su historia, cuando las recusaciones planteadas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano", señaló el fallo.¿Por qué la Corte Suprema rechazó la recusación?El fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumenta que la recusación es un "mecanismo de excepción que debe ser interpretado de manera restrictiva". Según el fallo, la defensa basó su recusación en declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo y en notas posteriores, pero la Corte determinó que "ninguno de los hechos invocados como fundamento de la pretendida causal de recusación, con la única excepción de las declaraciones de fecha 1° de mayo de 2025 y las dos notas posteriores referidas, fue invocado en tiempo oportuno". Además, consideró que las declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo "no revisten la entidad mínima necesaria para dar trámite a la recusación intentada". Además, afirmaron que el recurso solo puede ser utilizado para casos muy particulares, no siendo este uno de ellos. "El instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos, para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural", expresa el fallo.¿Qué implicancias tiene esta decisión para Cristina Kirchner?La decisión de la Corte Suprema acorta los tiempos para que el máximo tribunal defina si confirma la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. De ser ratificada esa sentencia, Cristina Kirchner deberá empezar a cumplir su pena de prisión.¿Por qué se condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad?La causa Vialidad, iniciada en 2016, investigó el presunto direccionamiento de 51 obras públicas viales en Santa Cruz hacia el empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se analizaron posibles sobreprecios, demoras y trabajos inconclusos. El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una organización que favoreció a Báez, solicitando su condena por asociación ilícita y administración fraudulenta.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 absolvió a la expresidenta por asociación ilícita, pero la condenó por administración fraudulenta, imponiéndole la pena máxima de 6 años. La Cámara de Casación Penal confirmó esta sentencia en noviembre de 2024, rechazando el recurso extraordinario de la defensa.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La Corte Suprema de Justicia rechazó "sin más trámite" la recusación que presentó la expresidenta Cristina Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad.Con esta decisión se acortan los tiempos para que el máximo tribunal defina si confirma la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. De ser ratificada esa sentencia, Cristina Kirchner deberá empezar a cumplir su pena de prisión.La decisión de hoy de la Corte lleva las firmas de los tres jueces del alto tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti.Con este fallo, que despeja el incidente de recusación, ahora solo resta que la Corte se reúna para analizar la causa contra Cristina Kirchner. Habría concordancia entre los jueces para rechazar todos los recursos y confirmar la condena de Cristina Kirchner antes de que venza el plazo para la oficialización de su candidatura a legisladora bonaerense, lo que ocurre el 19 de julio próximo. Si la Corte confirma su condena antes de esa fecha, Cristina Kirchner no podrá ser candidata. El máximo tribunal tiene en sus manos la revisión de la condena a seis de prisión contra la exfuncionaria por administración fraudulenta y el pedido de la Procuración General para que también se le aplique la figura de asociación ilícita, elevando su condena a 12 años, como pidieron en el juicio los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Cristina Kirchner había recusado a Lorenzetti. Su abogado Alberto Beraldi anunció la recusación en una conferencia de prensa inusual, realizada en la sede del Partido Justicialista, como dando a entender que la que estaba en juicio era la titular del partido opositor y que se la estaba juzgando por su rol político y no por el delito de fraude por el que fue condenada.Causa Vialidad Habla El Abogado De Cristina KirchnerRosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti en su fallo de este miércoles repasaron los términos de la presentación de la defensa de Cristina Kirchner y subrayaron que "el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos, para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural". También dijeron que "esa pauta interpretativa resulta particularmente aplicable a los casos en los que la recusación se dirige contra los jueces de esta Corte Suprema, pues de lo contrario podrían ser fácilmente apartados del conocimiento de las causas que deben fallar por expreso mandato constitucional como última instancia judicial de la Nación, lo que resulta, naturalmente, inadmisible"."De acuerdo con la tradicional doctrina de esta Corte, que se ha mantenido inalterada a lo largo de toda su historia, cuando las recusaciones planteadas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano", señaló el fallo. Esto es así, razonaron los magistrados, porque si no basta con que alguien recuse a un juez de la Corte para cambiar la integración del tribunal.Los jueces dijeron que la recusación debe ser rechazada de plano porque "se funda en circunstancias que no fueron denunciadas de manera oportuna y que carecen de la fundamentación mínima exigida por las normas legales aplicables y por la jurisprudencia constante de este Tribunal".Pero, además, la Corte destacó que "la recusación de los jueces de esta Corte Suprema debe ser articulada en el escrito de interposición del recurso extraordinario o en su contestación" y, de haber una causal sobreviviente, debe plantearse "dentro de las 48 horas de producida o dentro de los cinco cinco días de haber llegado a su conocimiento". Con lo que en este caso es extemporánea.Cristina Kirchner baso su recusación en declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo pasado y en notas posteriores. La Corte dijo que "ninguno de los hechos invocados como fundamento de la pretendida causal de recusación, con la única excepción de las declaraciones de fecha 1° de mayo de 2025 y las dos notas posteriores referidas, fue invocado en tiempo oportuno y, por ello, corresponde su desestimación in limine". En ese sentido, ahondó el tribunal, "dos de las notas denunciadas como fundamento de la causal anteceden, incluso, a la fecha de interposición del recurso extraordinario (13 de febrero de 2025) y eran conocidas públicamente entonces, por lo que ellas debieron haber sido invocadas, en todo caso, al momento de articular el remedio federal". "Dos de los hechos invocados posteriores a esa fecha â??las declaraciones de la senadora [Anabel] Fernández Sagasti de fecha 3 de abril de 2025 y una nota del día anteriorâ?? fueron denunciados recién mediante el escrito de recusación, de fecha 5 de mayo de 2025, habiendo excedido largamente el plazo legal desde que ellos se produjeron", señalaron. Por último, la Corte analizó si las declaraciones de Lorenzetti del 1 de mayo son causal de recusación. Y concluyeron que "no revisten la entidad mínima necesaria para dar trámite a la recusación intentada". Indicaron que la defensa de la expresidenta no había citado "causal alguna de las previstas en los citados ordenamientos procesales, sino que se limita a invocar en forma genérica que el juez Lorenzetti carecería de imparcialidad. Tal defecto basta para sustentar el rechazo, sin más trámite, de la recusación"."Por lo demás, en el caso la recusación no se funda en circunstancias objetivamente comprobables", pues Cristina Kirchner invoca unas declaraciones de la senadora Anabel Fernández Sagasti â??que suele expresar la opinión de la expresidenta en el Senadoâ?? para vincularlas con las declaraciones de Lorenzetti, al alegar que el juez estaba presionando a la expresidenta"Más allá del carácter obviamente extemporáneo de la alegación basada en aquel discurso pronunciado más de un mes antes de interpuesta la recusación, la recurrente no ofrece prueba alguna para respaldar la acusación formulada en dicha sesión", dice el fallo.Y menciona que no se cita algún extracto concreto de la entrevista a Lorenzetti que justifique la conclusión según la cual ambos hechos estarían vinculados y que el juez carecería de imparcialidad para juzgar este caso. "A todo evento, vale reiterar, si las acusaciones formuladas en el discurso de la senadora citada tenían la entidad que la asigna la recusante, debió haberlas invocado en tiempo oportuno", subrayó el máximo tribunal.
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que "no se funda en circunstancias objetivamente comprobables" y la consideraron inadmisible. La expresidenta lo había recusado por dichos del magistrado sobre su situación judicial. Leer más
Ahora los tres jueces deben decidir si rechazan el recurso de la ex presidenta para que quede firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, o si revisan el caso
La sentencia contra María Amalia Díaz fue dejada sin efecto y ahora deberán resolver su situación judicial. En la investigación se la señalaba como partícipe de haber ocultado una gran suma de dinero vinculada al escándalo de corrupción. Leer más
Tras unos comicios en los que votó sólo el 13% del padrón, el partido Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum obtenía gran ventaja.Advertencias por el control del gobierno sobre la Justicia. El oficialismo también es mayoría en el Parlamento.
La fiscal Luz Adriana Camargo y Octavio Augusto Tejeiro se encontraron de forma inesperada luego de que Guatemala solicitara la detención de la fiscal colombiana
Exministro buscaría acreditar ante el Poder Judicial que tiene arraigo laboral luego de que fuera expectorado de la cartera del Interior por incapaz
Los dialoguistas mantendrán abierto el debate en el Senado con consultas a especialistas.Milei sabe que tendrá que negociar un acuerdo amplío con el kirchnerismo y lanzó dardos contra Villarruel.
Octavio Tejeiro habló del presidente Gustavo Petro y la recién aprobada reforma a la justicia
La medida afecta a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que habían ingresado a territorio estadounidense bajo la figura legal de "parole humanitario."
La Corte Suprema de Estados Unidos le dio autorización a Donald Trump para revocar el parole humanitario de 500 mil migrantes, entre los que se encuentran los ciudadanos haitianos. Este fallo se enmarca en la suspensión de la orden del tribunal de Boston sobre la detención de las deportaciones.Quiénes se ven afectados por la decisión de la Corte Suprema sobre el parole humanitarioEl viernes 30 de mayo, el máximo tribunal del país norteamericano otorgó el permiso al presidente estadounidense de continuar con las deportaciones de miles de migrantes que permanecen en territorio norteamericano bajo protección del parole humanitario. Entre los afectados se encuentran ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela.Medio millón de migrantes contaba con esta protección que se les otorgó cuando ingresaron a EE.UU. bajo una situación de emergencia. Este beneficio los protegía contra la deportación, además de concederles la posibilidad de trabajar de forma temporal en ese país.Del ese total de extranjeros, alrededor de 211 mil son ciudadanos haitianos, que representan la mayor porción de migrantes damnificados. En segundo lugar, hay 117 mil venezolanos, 110 mil cubanos y, por último, 93.000 nicaragüenses.El mandatario republicano situó como una de sus prioridades la revocación de este estatus legal desde su regreso a la Casa Blanca, cuando firmó una orden ejecutiva al respecto sobre este programa implementado en el gobierno de Joe Biden.Cómo afecta a los ciudadanos de Haití la decisión de la Corte SupremaEl fallo de la Corte Suprema posibilita el escenario de que los ciudadanos de Haití y el resto de nacionalidades afectadas se enfrenten a deportaciones. La medida se suma a la decisión del máximo tribunal de autorizar a Trump de eliminar las protecciones de libertad condicional para 350 mil venezolanos que contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). A su vez, en marzo pasado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó el estatus legal de los migrantes bajo los programas CHNV y advirtió que los titulares tenían 30 días para abandonar el territorio estadounidense. Sin embargo, un tribunal federal de Boston bloqueó la medida semanas después.Los migrantes elegibles están a tiempo de optar por otros permisos migratorios ante la agencia federal, como el asilo o la visa U. Sin embargo, algunos pueden enfrentar deportaciones de forma inmediata debido a su condición de estatus.En declaraciones consignadas por The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson se posicionó en contra de la reciente decisión del máximo tribunal. Así, argumentó que no se consideraron "las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus demandas legales están pendientes".Por su parte, el gobierno federal planea cumplir con las deportaciones masivas que prometió en campaña, con el objetivo de un millón de migrantes al año. Y argumentó que "revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada, conocido como 'expedite removal'".En tanto, expertos pusieron sobre la mesa la incertidumbre sobre si la administración revocará este permiso de protección de manera unánime o lo hará caso por caso.
Desde este viernes, un nuevo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos le permite al presidente Donald Trump revocar el programa de parole humanitario que amparaba a más de 500 mil migrantes en total. Entre ellos, 117.330, venezolanos. Esta medida afecta directamente su permiso para residir y trabajar legalmente en el país.Venezuela, en el centro de un nuevo golpe judicial contra los migrantesEl parole humanitario alcanza a miles de venezolanos que habían llegado al país con patrocinadores y bajo control migratorio. La iniciativa, implementada por Joe Biden en 2022, buscaba ordenar el ingreso de personas en situación vulnerable y aliviar la presión en la frontera sur.Con el aval de la Corte, Trump puede ahora eliminar esa vía legal. De acuerdo con The Washington Post, su gobierno sostiene que los beneficiarios representan "una amenaza para la seguridad pública" y "una carga para los recursos nacionales".El parole permitía ingresar al país norteamericano con pre aprobación y permanecer legalmente por dos años. Los migrantes necesitaban un patrocinador en EE.UU. y debían pasar filtros de seguridad. La decisión de la Corte y su impacto en los migrantes venezolanosLa resolución del tribunal se tomó con una mayoría dividida y sin explicaciones públicas. La jueza Ketanji Brown Jackson rechazó la medida y advirtió que traerá "caos social y económico". Recordó que muchos de estos migrantes fueron invitados por el propio gobierno.En su disidencia, Jackson argumentó que el tribunal "subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales están pendientes".También explicó que los venezolanos afectados "ya se integraron en barrios y comunidades estadounidenses con la esperanza de obtener eventualmente un estatus legal a largo plazo". Adicionalmente, la jueza remarcó que la medida los dejará sin empleo legal y los expondrá a expulsiones masivas.El dictamen de la Corte Suprema permite revocar el parole mientras se resuelven otras demandas en tribunales inferiores que podrían volver al máximo ente de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Trump puede dejar sin efecto el beneficio migratorio de forma inmediata.¿Qué será del futuro de los migrantes venezolanos?El fallo surge de una apelación presentada por el gobierno de Trump. Previamente, había sido frenado por un tribunal de primera instancia, que exigía evaluación individual por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Luego, una corte de apelaciones ratificó ese criterio.Según los demandantes, si no fuera por la intervención previa de un tribunal de primera instancia, se habría generado "un sufrimiento humano innecesario".El grupo más numeroso de migrantes que llegaron a través del parole humanitario fueron los haitianos, con 211.040 personas. Los oriundos de Venezuela fueron 117.330, los cubanos 110.240 y los nicaragüenses 93.070.El argumento central del gobierno de Trump es que el parole permitió el ingreso de una población "sin camino claro hacia un estatus legal duradero". En su presentación ante la Corte, el procurador general John Sauer justificó la cancelación en esos términos.El gobierno de Trump ya había intentado revocar otras protecciones para migrantes venezolanos. A comienzos de mes, la Corte Suprema también permitió anular el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que beneficiaba a 350 mil personas oriundas de ese país.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump a avanzar en la eliminación del programa de "parole humanitario" que otorga permisos de residencia y trabajo temporales a ciudadanos de Cuba y otros países. Esta medida afecta a a unos 110 mil cubanos que, bajo el gobierno de Joe Biden, habían obtenido autorización para vivir y trabajar legalmente mientras se resolvían sus procesos migratorios. Qué significa el fin del parole para cubanosLa decisión del tribunal no resuelve de forma definitiva el futuro del programa, ya que los litigios en torno a su legalidad siguen en curso en tribunales inferiores, según CNN. Sin embargo, sí permite al gobierno revocar los permisos concedidos a los migrantes bajo este esquema, lo que abre la puerta a la posible detención o deportación de medio millón de personas de distintas nacionalidades.El programa de "parole" fue implementado por la administración Biden como parte de una estrategia para regular la migración desde países con crisis humanitarias y evitar así ingresos no autorizados por la frontera sur. Este mecanismo permitía que ciudadanos de ciertos países ingresaran legalmente a EE.UU. si contaban con un patrocinador financiero en el país y superaban controles de seguridad.Con la reciente decisión judicial, esa vía queda suspendida. Aquellos que ya se encontraban en el país norteamericano bajo ese permiso temporal podrían perder su estatus legal, su derecho al trabajo y quedar expuestos a procedimientos de deportación si no logran insertarse a otro tipo de protección migratoria.Cuántos migrantes están en riesgo de deportaciónDe acuerdo con The Washington Post, alrededor de 530 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han recibido beneficios bajo este programa desde su implementación. El grupo más numeroso es el de haitianos, con 211.040 personas; en tanto que los venezolanos son 117.330, los cubanos 110.240, y los nicaragüenses 93.070.Para los migrantes de la isla, en particular, el fin del programa podría tener un impacto severo, aun así muchos tienen la posibilidad de ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) establece que quienes ingresaron al país con parole podrían optar por la residencia permanente después de un año, siempre que cumplan los requisitos legales. Sin embargo, la suspensión del programa podría anular esa posibilidad para muchos futuros solicitantes.¿Por qué Trump quiere finalizar con el parole para cubanos?La administración Trump argumentó en varias oportunidades que el parole humanitario representaba una política migratoria insostenible, que permitía el ingreso masivo de personas sin una vía clara a la residencia o ciudadanía. Sostuvo que el esquema incentivaba solicitudes fraudulentas y que era necesario revocar el programa para preservar la integridad del sistema migratorio.Según documentos judiciales obtenidos por CBS News, los funcionarios afirmaron que había indicios de uso indebido del programa que incluía patrocinadores duplicados, direcciones repetidas y casos de personas fallecidas como supuestos garantes. El argumento se centró en que estas irregularidades justificaban una revisión completa de la política.La decisión de la Corte fue emitida sin firma, en una breve orden. Las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo y manifestaron su preocupación por las consecuencias humanitarias. "La Corte subvalora las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno revierta precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamos legales están pendientes", aseguró Jackson, según lo retomado por The Washington Post.El parole humanitario no otorga residencia permanente ni ciudadanía, pero es una herramienta clave para quienes necesitan protección temporal. Sin este permiso, los migrantes quedarían en situación irregular, lo que implica la pérdida de derechos básicos como la posibilidad de trabajar legalmente.En ausencia del programa, la única vía restante para muchos cubanos es solicitar asilo o la opción del Ajuste Cubano, una ley vigente desde 1966 que permite solicitar la residencia tras un año y de permanencia legal.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza federal de distrito Indira Talwani, de Boston, que detenía la decisión del gobierno de Donald Trump de poner al parole que protegía a nicaragüenses y ciudadanos de otras naciones. Con la decisión, unos 93.070 nicaragüenses quedan expuestos a una deportación rápida. La decisión de la Corte Suprema sobre el parole para inmigrantes Los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que mantenía vigente un permiso de permanencia temporal, de dos años, para 532 mil ciudadanos de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.Dos de los tres jueces liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, discreparon públicamente la decisión de la Corte Suprema. De acuerdo con The Associated Press, la determinación "no es definitiva, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso siga su curso". Ahora, el caso de los nicaragüenses, y otros extranjeros, regresa al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. en Boston.La administración Trump presentó una apelación de emergencia ante el tribunal supremo después de que Talwani bloqueara su intento de terminar el programa. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) argumenta que las protecciones para quienes huyen de la inestabilidad en sus países de origen siempre fueron temporales, y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de revocarlas sin intervención judicial.Jueces discrepan con la decisión de la Corte SupremaEl tribunal falló en su evaluación de si la administración tenía derecho a congelar la decisión de Talwani en espera del litigio, escribió la jueza Jackson en una opinión de disidencia adjunta. La jueza Sotomayor se unió a la discrepancia."Subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno altere precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes". Agregó que la decisión no exige prácticamente nada al gobierno en cuanto a daños irreparables. La decisión de la administración Trump fue la primera revocación masiva de un permiso humanitario, según los abogados de los migrantes, consignados por AP. Calificaron las medidas del gobierno como "el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos".El caso también es el último de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno federal ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.Qué pasará con los nicaragüenses con paroleEl DHS publicó en marzo de este año un aviso del Registro Federal: Terminación de los procesos de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, en el que señalan que aproximadamente 532 mil extranjeros recibieron autorización anticipada para viajar a Estados Unidos y ser considerados para obtener el permiso de permanencia temporal.El anuncio también explica que el período de estancia de los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos bajo estos programas, y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025, finalizará en esa fecha.Y agrega: "Las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional CHNV deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su permiso".
Más de medio millón de personas quedan en riesgo de deportación tras la decisión judicial que autoriza la cancelación del programa de residencia y trabajo temporal
La Alta Corte absolvió a Rivera en un caso de tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque, decisión calificada como fallo en derechos humanos por organizaciones internacionales
Infobae Colombia recibió el comunicado del músico, remitido por uno de sus familiares que asegura no saber el paradero actual de Dib Abraham Hadra Arciniegas, condenado por la Corte Suprema de Justicia
El difunto narcotraficante, uno de los líderes del cartel de Medellín, llegó a hacerse con tres lotes ubicados en el norte de Bogotá
Si Roa lidera el Ministerio de Minas y Energía, sus investigaciones en curso pasarían de la Fiscalía a la jurisdicción de la Corte Suprema gracias al fuero especial que otorga el cargo
El máximo tribunal también se refirió a la situación procesal de Cristina Kirchner, quien no formó parte del juicio en esta causa. Su situación continúa siendo evaluada en instrucción, luego de que la fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaran su sobreseimiento, lo que fue cuestionado por una ONG querellante. Leer más
Lo hizo al rechazar los recursos planteados por todos los condenados. La decisión es la antesala de lo que puede resolver el tribunal en la causa "Vialidad", en la que está condenada la ex presidenta Cristina Kirchner. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia
La oposición en el Senado reanudó discusiones puntuales sobre la ampliación del máximo tribunal, pero ninguna fue avalada por la Casa Rosada. Sería una composición de entre siete y nueve miembros
El abogado afirmó que el alto tribunal actuó con parcialidad y premura al compulsar copias contra Uribe, lo que, en su opinión, generó un daño innecesario
La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en la recta final de su actual período judicial y una de las decisiones más esperadas gira en torno a un principio consagrado desde fines del siglo XIX: la ciudadanía por nacimiento. En este contexto, los jueces podrían pronunciarse en las próximas semanas sobre una apelación que podría modificar de manera drástica la manera en que se reconoce la nacionalidad estadounidense a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU.Se espera una decisión inminente de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento Según el periodista John Fritze de CNN, los jueces de la Corte Suprema emitirán una serie de fallos claves antes de que finalice el período judicial, a fines de junio. Entre ellos figura esta causa sobre la ciudadanía por nacimiento, considerada una de las más relevantes no solo por su impacto migratorio, sino también por lo que representa en términos de equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.La expectativa es alta, no solo en los círculos legales, sino también en organizaciones de derechos civiles, estados federales y cientos de miles de familias que aguardan una decisión que podría redefinir el acceso a la ciudadanía en Estados Unidos. Todo dependerá del fallo que emita una Corte con mayoría conservadora (seis a tres), cuyas divisiones internas ya se hicieron evidentes en la audiencia del 15 de mayo.Ciudadanía por nacimiento: la postura de Trump y el rol de la Corte Suprema de EE.UU.El caso tiene su origen en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó luego de su toma de posesión, en la cual intentó anular el derecho automático a la ciudadanía para hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal, como visas de estudiante o de trabajo.Aunque esta política no llegó a implementarse por completo, fue frenada por tribunales federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que emitieron medidas cautelares a nivel nacional. Esta acción judicial fue criticada por la administración Trump, que sostiene que tales resoluciones exceden la autoridad conferida por la Constitución a los jueces federales de primera instancia.Durante una audiencia el pasado 15 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema mostraron opiniones divididas sobre los dos aspectos centrales del caso:Por un lado, la validez de las órdenes ejecutivas que buscan limitar el derecho a la ciudadanía automática.Por otro, el alcance que deberían tener los fallos de jueces de distrito: si pueden aplicarse en todo ese país o solamente en las jurisdicciones involucradas.El gobierno de Trump, representado por el procurador general D. John Sauer, argumentó que los injunctions universales (mandamientos judiciales) violan el artículo III de la Constitución estadounidense, ya que los tribunales solo deben resolver daños concretos para los demandantes individuales. En sus palabras, citadas por Idaho State Journal, "las medidas cautelares de alcance nacional transgreden el equilibrio tradicional de la equidad judicial".Las consecuencias de eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.Más allá del debate jurídico, el impacto potencial de esta decisión podría ser profundo. El principio del "jus soli", que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, fue consagrado por la Enmienda 14 de la Constitución tras la Guerra Civil. Desde entonces, fue ratificado por varios fallos de la Corte, como por ejemplo United States v. Wong Kim Ark en 1898.Si la Corte Suprema decidiera permitir la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, miles de niños que nazcan en Estados Unidos de padres sin residencia permanente perderían automáticamente el derecho a la ciudadanía. La jueza Sonia Sotomayor alertó que esto podría generar una clase de personas sin nacionalidad: "Miles de niños nacerán sin documentos de ciudadanía, lo que podría volverlos apátridas en ciertos lugares donde los países de origen de sus padres no los reconocen como ciudadanos por nacimiento en el exterior".Según un estudio del Migration Policy Institute, unas 255 mil personas nacen cada año en Estados Unidos en estas condiciones y quedarían excluidas del acceso a la nacionalidad si se modificara este derecho.Ciudadanía por nacimiento: opiniones divididas en la Corte Suprema de EE.UU. Durante la discusión del caso, los jueces mostraron posturas diversas. Algunos expresaron preocupación por las implicancias prácticas de limitar el uso de medidas cautelares a nivel nacional. La jueza Elena Kagan advirtió que se crearía un sistema caótico si los tribunales no pudieran frenar políticas en todo el país norteamericano. Por su parte, su colega Neil Gorsuch, conservador, coincidió parcialmente al señalar que eso provocaría un "mosaico" judicial y que los juicios colectivos tardarían mucho en consolidarse.A favor de la postura del gobierno, el juez Clarence Thomas recordó que el uso de estas medidas cautelares universales es reciente, ya que empezaron a utilizarse en la década de 1960, y que antes Estados Unidos funcionaba sin ellas. En una crítica más directa, el juez Samuel Alito cuestionó que algunos jueces de distrito crean que "pueden hacer lo que quieran".
La Cámara alta inicia el debate para ampliar la cantidad de jueces que integran el máximo tribunal. Además del proyecto oficialista, hay otras siete iniciativas, y la mayoría contempla la paridad de género en su conformación. Leer más
El delincuente era el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y hace parte de las conversaciones de paz con el Gobierno Petro
Casi dos meses después de que rechazó los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, propuestos por el Gobierno como jueces de la Corte Suprema, el Senado comenzará a debatir en comisión la ampliación del máximo tribunal de justicia del país y cabeza del Poder Judicial, un tema que incomoda al gobierno de Javier Milei ya que podría entorpecer las negociaciones que mantiene con el kirchnerismo.El de la Corte no será el único tema complejo para la Casa Rosada. En un llamativo tratamiento simultáneo en ambas cámaras, las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzarán a discutir la modificación de la actual integración de la Auditoría General de la Nación, órgano que tiene a su cargo controlar la ejecución presupuestaria y que se encuentra paralizado porque el oficialismo viene trabando desde el año pasado la designación de nuevos auditores.El debate sobre la posibilidad de ampliar la Corte Suprema comenzará este miércoles, en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.La reunión encendió las alarmas en la Casa Rosada, que activó algunas maniobras con el objetivo de suspender el encuentro o, al menos, dejar sin quórum la reunión. Fue el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien puso en alerta al Gobierno al trasladarle a Santiago Caputo su temor a que el kirchnerismo, en alianza con otros bloques menores, pudiera imponer un dictamen que amplíe el tribunal sin tomar en cuenta la postura de la administración libertaria.La reacción de Atauche llamó la atención de varios senadores de la oposición dialoguista, quienes destacaron que la citación al plenario que realizó el viernes pasado la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de Asuntos Constitucionales, fue en respuesta a pedido de un grupo de senadores de La Libertad Avanza, encabezados por el riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Si es que se hace la reunión, desde el oficialismo aseguraron que buscarán que Vigo aclare en el inicio que el encuentro tendrá carácter informativo para tratar de evitar, así, que pueda emitirse dictamen. El debate comenzará con siete proyectos a la vista que varían en sus propuestas de integración de la Corte entre los 7 y los 15 miembros, con una postura intermedia para elevarlo a 9 jueces. También hay iniciativas que impulsan la aprobación de una cláusula que garantice una cuota de género en la conformación del tribunal.El kirchnerismo está de acuerdo con ampliar la Corte, pero en el seno de sus 34 senadores no hay una posición unificada sobre el número. Lo único que se sabe es que el bloque que preside José Mayans (Formosa) quiere un lugar para una mujer que responda a los lineamientos de Cristina Kirchner.La AGNEl debate sobre la modificación de la AGN es otro tema complejo, que divide aguas entre todas las bancadas políticas en ambas cámaras legislativas. La dispersión quedó plasmada en la citación a discutir el tema en comisiones el mismo día.El tema se instaló primero en el Senado, en donde el kirchnerismo presentó un proyecto firmado por Mayans para ampliar de seis a ocho (cuatro por cámara) el cuerpo de auditores que debe designar el Congreso a partir de un acuerdo político entre las diferentes bancadas según su representación numérica.A esa iniciativa se sumó una del peronista salteño Juan Carlos Romero, que sólo propone acortar a cuatro años los mandatos de los seis auditores, que en la actualidad es de ocho años.Sin embargo, y ante la posibilidad de que avanzara un acuerdo entre el kirchnerismo y Romero, el presidente de Diputados, el libertario Martín Menem, presentó un proyecto de modificación de la conformación de la AGN y apuró el tratamiento en la Cámara baja de la iniciativa. Detrás de la jugada está la mano de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.Así, el tema se tratará en ambas cámaras el mismo día. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados empezará a debatirlo este miércoles, mientras que su par del Senado lo hará unas horas después, una vez concluido el debate por la ampliación de la Corte.
El plenario de comisiones se reunirá este miércoles para tratar proyectos sobre la paridad de género y la composición de la Corte, así como cambios en la Auditoría General de la Nación. La Casa Rosada tanteó el terreno ante la posibilidad de un dictamen adverso. Leer más
Tres abogados serán los encargados de llevar adelante la representación del máximo tribunal en las causas judiciales en las que es parte involucrada
El altercado, que incluyó agresiones verbales y físicas, se desencadenó por un desacuerdo en los protocolos de ingreso al parqueadero y dejó al trabajador de seguridad con una lesión en la mano
La Casa Blanca busca que el máximo tribunal anule la orden del juez Brian Murphy, impuesta tras un vuelo con ocho hombres a Sudán del Sur
A raíz de una reciente orden judicial, el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha permitido a 350.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, corre el riesgo de ser revocado
El ministro del Trabajo fue vinculado al caso del carrusel de la contratación en Bogotá, por haber presionado el nombramiento de una ficha política suya en el Hospital de Usme en 2008, en la administración de Samuel Moreno
El alto tribunal presentó escrito de acusación contra Johany Alberto Palacios y Mary Anne Perdomo, tras encontrarse méritos para llevarlos a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación
La exconsejera para las regiones deberá entregar más detalles en el caso que involucra a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, señalados de recibir sobornos para, presuntamente, aprobar reformas del Gobierno
El máximo tribunal tendrá su propia representación en las causas judiciales en las que es parte. Anteriormente, esta función estaba a cargo del Ministerio de Justicia
El tribunal debe revisar la sentencia a 10 años de prisión por lavado. El caso plantea un debate sobre la retroactividad de las leyes, mientras la defensa argumenta que se aplicó una norma que no estaba vigente durante los hechos que se juzgan
Tras el fracaso de las designaciones de Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla, el Congreso vuelve con el tema esta semana en comisiones.
La Sala de Instrucción busca que los dos políticos lleguen a una conciliación luego de que la congresista le hiciera señalamientos en su contra
El alto tribunal inadmitió el recurso de casación presentado por la defensa de Amanda Castillo, dejando la sentencia en firme por la muerte del estudiante de 16 años
El miércoles se reúne el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia.Un senador aliado del oficialismo pide ampliar a siete la cantidad de miembros.
En total habrían sido cuatro las personas que viajaron desde Colombia hasta Brasil para cometer el robo en el Museo de Arte Sacro del Pilar, ubicado en el estado de Mina Gerais
Como primera jueza latina de la Corte Suprema de Estados Unidos, la puertorriqueña Sonia Sotomayor prioriza el hecho de promover la igualdad educativa. Sin embargo, ahora que el gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros, testimonios de éxito en migrantes como el de Sotomayor, dentro de la Ivy League, podrían estar en peligro.Sonia Sotomayor, la latina que logró estudiar en la Ivy League y convertirse en jueza de la Corte Suprema de EE.UU.Con ascendencia puertorriqueña, Sonia Sotomayor nació en El Bronx de Nueva York el 25 de junio de 1954. Gracias a sus estudios de derecho en dos de las ocho universidades que componen la Ivy League (Princeton y Yale), el National Museum of the American Latino resalta la destreza académica de Sotomayor, así como en el hecho de que ella es la primera mujer latina ser parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.En dicha trayectoria, también se menciona que Sotomayor aboga por todos aquellos temas de igualdad en la educación. Por ejemplo, en 2023, fue una de las magistradas disidentes cuando la Corte Suprema (con mayoría conservadora) revocó las políticas de acción afirmativa en universidades como Harvard. Dado que las políticas permitían considerar la raza como un factor clave en las admisiones universitarias, disidentes como Sotomayor advirtieron que la decisión afectaría el acceso de minorías a la educación superior, un hecho que, a su vez, ampliaría la desigualdad racial.Bajo esta misma línea, una nueva polémica se centra en la agenda de figuras clave dentro la Corte Suprema de Estados Unidos como Sotomayor: el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) de Harvard. Lo anterior, impide que la Universidad de Harvard (también parte de la Ivy League) matricule a estudiantes internacionales, una decisión que la administración Trump justifica al alegar que la escuela tolera un ambiente "antiestadounidense" y "pro-Hamas".Los estudiantes extranjeros ya no podrán entrar a la Universidad de Harvard bajo la administración de Donald TrumpEste 22 de mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo de Kristi Noem, revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard. Así, mediante un comunicado oficial, la instancia ordenó cesar la matrícula de todos los estudiantes extranjeros con carácter inmediato, lo cual incluye la expulsión o transferencia de todos aquellos que ya estaban inscritos."Nuestra administración responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo, y por coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus (...) a partir de ahora, la universidad ya no puede matricular a estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros actuales deberán transferirse para no perder su estatus legal", sentenció Noem en su comunicado. En respuesta a esta orden, Harvard reveló en un comunicado que presentará una demanda federal. Por el momento, la escuela superior argumenta que la decisión del DHS "es inconstitucional y pone en riesgo el futuro de más de 6.800 estudiantes internacionales".Posicionamiento de Sonia Sotomayor ante la decisión del DHS para expulsar estudiantes extranjeros de Harvard Si el caso "Harvard contra el DHS" escala a etapas posteriores en el ámbito judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos podría tener un papel crucial. A fecha de hoy, existe una orden judicial del juez federal Jeffrey S. White para impedir al gobierno federal revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales inscritos en Harvard. Según confirmó también AP News, el litigio sigue en curso.Aunque todavía no existe un posicionamiento oficial de Sonia Sotomayor respecto a la revocación específica del SEVP, sus antecedentes revelan una postura crítica ante políticas judiciales que afectan la inclusión y la diversidad en el sistema educativo. Pese a que Sotomayor no es extranjera, la ascendencia latina de sus padres y los problemas económicos que tuvo en la infancia forman parte de su esquema de valores, tal como ella afirma en su libro My Beloved World, en donde también habla de una lucha propia contra el racismo. Además, dado que el comunicado de Harvard para responder a las exigencias del DHS reitera la afectación de unos 6.800 estudiantes extranjeros, muchas historias de superación (como la de Jennifer Sotomayor) podrían estar en riesgo.
Lo hará a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos, sus abogados. Hasta ahora ese rol lo cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia. Leer más
Desde hace algún tiempo el Gobierno viene dando señales de que la eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo número se llevaría de cinco a siete miembros, es una idea que merece consideración. Existe al respecto un proyecto elaborado por el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) y, en una reciente aparición pública, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que efectivamente ese proyecto se encuentra en estudio y que "no sería para descartar".Empecemos por señalar algo básico: es verdad que una Corte actualmente de solo tres integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) crea dificultades para su normal funcionamiento. Hace poco fue necesario sortear conjueces para resolver una causa que involucra a Lázaro Báez y a otros imputados con condenas ya dictadas y a la espera de una decisión final del alto tribunal. Trascendió que hubo desavenencias de los jueces supremos respecto del tratamiento de un planteo de la defensa de Báez acerca de si correspondía la aplicación de determinadas normas en materia de lavado de activos. Pretender que los tres jueces de la Corte estén siempre de acuerdo no es una opción muy razonable por lo que, mientras no se designen dos magistrados titulares para cubrir esas vacantes, deberemos acostumbrarnos a la aparición regular de conjueces.Pero la cuestión que se plantea aquí es distinta. Tiene que ver no ya con la necesidad, que la hay, de cubrir las dos vacantes existentes, sino con la inconveniencia de ampliar la composición del tribunal y llevarlo a siete miembros. Antecedentes de cortes de siete jueces hubo ya en el pasado (y también de nueve), y ha habido numerosas discusiones acerca de si existe un número ideal. La Corte funcionó en muchos períodos de su historia de manera correcta con solo cinco jueces, en la medida en que tengan claro que se trata de un tribunal con una jurisdicción acotada y excepcional, y que no es su rol bregar por la "unificación de criterios" en temas de derecho común, como la interpretación de los códigos que dicta el Congreso y de otras normas de naturaleza no federal. La actual Corte tiene en claro eso. Si se pretendiera que desempeñe su misión con más miembros, las demoras serán mayores, pues las causas circularán por un mayor número de despachos.Respecto de si es conveniente ampliar en este momento su composición, la pregunta que cabe formularse es si el Poder Ejecutivo habrá aprendido algo de la lección que dejó su fallido intento de cubrir las dos vacantes actuales. Pues, si nada aprendió, repetir ahora la pésima experiencia anterior con cuatro jueces sería claramente un sinsentido y un gravísimo error.Para ello, sería indispensable que baraje candidatos muy preparados e insospechados, idealmente dos mujeres, capaces de obtener la difícil mayoría de dos tercios de los votos del Senado que exige la Constitución. Eso es lo que debió haber hecho antes, sin encapricharse con la designación de un candidato como el juez Ariel Lijo, que cosechó numerosos y merecidos reproches de la comunidad jurídica.No es ampliando ciegamente la Corte Suprema que se mejorará su desempeño, sino regulando en forma integral la legislación sobre el recurso extraordinario, restringiendo su procedencia a casos excepcionales.Ahora bien, es un hecho notorio que nuestra dirigencia política no viene dando ninguna lección de entendimiento y menos aún para temas relacionados con la lucha contra la corrupción y en favor de la institucionalidad. Lo sucedido con la caída de la ley de ficha limpia es una clara muestra. Allí primaron los intereses relacionados con mantener el statu quo y con la protección de aquellos políticos que quedarían alcanzados por las prohibiciones para acceder a cargos públicos que ese proyecto contemplaba.Cuando hay casos judiciales de mucha importancia, algunos ya con condenas dictadas en dos instancias previas y que por lo tanto no deberían pasar, pero pasarán por la Corte Suprema, abrir una "negociación" en el Senado para nombrar no solo dos jueces (cuyas vacantes ya existen), sino cuatro, llevará seguramente a una discusión para la cual nuestra dirigencia política claramente no está madura. Se corre así el serio riesgo de que la pretendida ampliación de la Corte quede atada a un cálculo mezquino sobre "votos favorables" para revertir esas condenas, en una especie de negociación mercantil de toma y daca en la que las condiciones de excelencia de los candidatos queden de lado.Lamentablemente, el contexto en que aparece este proyecto, suscripto solitariamente por un senador -típica situación de globo de ensayo cuando se quiere impulsar una idea y aparentar ser ajeno a ella-, permite suponer que no existe un interés real por mejorar el desempeño de la Corte, sino por ofrecer instrumentos de negociación a opositores para obtener réditos políticos en otras áreas.Si la ampliación es para convertir la necesaria ocupación de cargos en un botín de reparto político, flaco favor le estamos haciendo a la Corte como institución y a la división de poderes como principio central de nuestra democracia republicana.
La titular del organismo defensor de derechos humanos, Iris Marín, dio su opinión frente a la escogencia hecha por el alto tribunal, en relación con la elección de la nueva integrante de la Corte, que reemplazará a la magistrada Diana Fajardo
El alto tribunal rechazó una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el excongresista, condenado por la masacre de Macayepo, y compulsó copias disciplinarias contra sus abogados
Un fallo dividido del máximo tribunal dejó vigente la decisión de una corte estatal que considera inconstitucional la propuesta educativa impulsada por dos diócesis
La Corte Suprema dejó firme la condena a siete años de prisión de César Falcón, exintendente de Colonia Benítez, Chaco, por el abuso sexual de sus dos hijastras cuando eran menores de edad. El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la presentación de la defensa por cuestiones formales. El exintendente había quedado preso en octubre del 2024.Falcón fue condenado en septiembre de 2021, quince años después de la primera denuncia de una de sus hijastras, quien al cumplir su mayoría de edad reveló los abusos de los que fuera víctima entre los años 1994 y 2001. Los delitos fueron encuadrados como "abuso sexual simple reiterado, agravado por ser cometido en contra de una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente con la misma, en concurso real con exhibiciones obscenas" contra las dos víctimas. ð???ð??®ð??»ð??±ð??¶ð??±ð??®ð???ð??¼ ð??°ð??¼ð??»ð??±ð??²ð??»ð??®ð??±ð??¼ ð??½ð??¼ð??¿ ð??®ð??¯ð???ð???ð??¼ ð???ð??²ð???ð???ð??®ð??¹ ð??±ð??² ð???ð???ð??? ð??µð??¶ð??·ð??®ð???ð???ð??¿ð??®ð???, ð??²ð??¹ ð???ð??²ð??´ð???ð??»ð??±ð??¼ ð??ºð??®Ì?ð??? ð???ð??¼ð???ð??®ð??±ð??¼El Poder Judicial habilitó a César Falcón en Colonia Benítez (Chaco); ahora demora en fijarle una nueva pena.https://t.co/2CK3DUCdF0 pic.twitter.com/IYbGmx9XUi— Revista Litigio (@litigio_revista) September 28, 2023La fiscalía señaló que el exdirigente abusaba de sus hijastras cuando la entonces pareja y madre de las víctimas viajaba a Resistencia o Corrientes por razones de salud.En el juicio, la fiscalía solicitó nueve años de cárcel y la querella una pena de 14 años. El juez Víctor Del Río fijó la pena de siete años. A fines de febrero de 2023, casi un año y medio después de la sentencia, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia resolvió el recurso de casación de su defensa y confirmó la condena por los abusos sexuales que cometió contra dos de las hijas de su expareja. Sin embargo, aplicando el principio de "la ley penal más benigna", los jueces Emilia Valle y Alberto Modi anularon la pena de siete años impuesta por el entonces juez de la Cámara Segunda en lo Criminal y decidieron reenviar la causa para que otro tribunal defina solo el monto de la pena. En septiembre de 2023, la Cámara Segunda ratificó la condena a siete años de prisión en una audiencia de cesura.La defensa volvió a recurrir en Casación ante el Superior Tribunal que rechazó el recurso. Ante esa decisión, la defensa de Falcón presentó un recurso extraordinario para que el caso fuera elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le fue denegado el 30 de septiembre del 2024. La defensa de Falcón decidió apelar en queja ante la Corte. No obstante, frente al rechazo del recurso, se ordenó la detención de Falcón.Aunque ya estaba condenado, en las elecciones municipales de 2023, Falcón se volvió a postular a la intendencia de Colonia Benítez, que ya había ocupado durante dos mandatos. Cuando su candidatura fue objetada por la abogada de las víctimas, el Tribunal Electoral lo habilitó a participar en una resolución dividida. No ganó las elecciones, pero ocupó el segundo lugar entre los más votados.
César Falcón, quien respondía a Jorge Capitanich, administró la localidad de Colonia Benítez y se presentó como candidato incluso después de que lo declararan culpable
El máximo tribunal rechazó un planteo de Jorge Rodríguez, condenado por desviar fondos públicos para financiar una escuela privada sin tener las atribuciones legales para hacerlo
El magistrado Jorge Emilio Caldas señaló que no hay argumentos suficientes del funcionario para aplazar la diligencia, y ordenó a la Fiscalía designar otro fiscal en caso de que el delegado ante la Corte no pueda asistir
Según explicó la alta corte, el contrato de aprendizaje en tiene un carácter especial dentro del ordenamiento jurídico laboral colombiano
El alto tribunal finalizó la investigación penal contra la gobernadora del Valle del Cauca debido a la prescripción del caso sobre presunto constreñimiento de votantes en las elecciones de 2015
Una nueva medida afecta a la comunidad venezolana en Estados Unidos. La Corte Suprema le permitió al presidente Donald Trump avanzar con el cierre del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un beneficio migratorio otorgado para ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de forma segura. Qué es el TPS y cuál es su vigencia actual El TPS es un programa creado por el Congreso de Estados Unidos para proteger a aquellos ciudadanos extranjeros que tienen dificultades extremas para regresar a sus países de origen de manera segura. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el TPS no implica la residencia permanente legal en Estados Unidos ni otro status migratorio. Sin embargo, permite a trabajar y permanecer en el país americano hasta su vencimiento, que es de 18 meses. Cómo afectaría a los venezolanos la posible eliminación del TPSEl fallo de la Corte Suprema a favor de Donald Trump genera cierta preocupación para cerca de los 350 mil venezolanos que cuentan con TPS. Según las declaraciones del abogado experto en inmigración, Jesús Reyes, el programa continúa en litigio legal, por lo que aún no ha sido completamente eliminado, según explicó en una entrevista en el programa Factores de Poder en YouTube. "Todavía está en litigio, no quiere decir que va a ser eliminado rotundamente. La Administración solicitó la eliminación del programa, apenas asumió la presidencia Trump y varias cortes federales se interpusieron por medio de demandas contra la Administración", expresó Reyes.En ese sentido, agregó que se permitió que el programa continúe mientras avanza el litigio.En el caso de los venezolanos que aplicaron para el TPS en 2023 y solo contaban con este programa, se les suspenderá de manera automática los beneficios otorgados. "Si era este era el único amparo, desafortunadamente ya no pueden gozar de los beneficios que tenían bajo este programa. Es muy importante que busquen otras opciones", cerró Reyes. Qué opciones tienen los venezolanos para evitar la deportaciónDe acuerdo con lo explicado por la abogada experta en migración, Elizabeth Uribe, en CNN, los venezolanos cuentan con algunas opciones para no ser deportados si no tienen con el TPS. Una de ellas es la solicitud de asilo, dividida en dos tipos: el afirmativo, para quienes no enfrentan un peligro de expulsión, y el defensivo, aplicado para aquellos que deban comparecer ante un juez de inmigración. Otra opción es la solicitud de residencia. En caso de que un venezolano sin documentación se haya casado con alguien con la ciudadanía estadounidense, podrá solicitarlo. No obstante, previo a iniciar el trámite, deberá pedir la libertad condicional, un proceso que puede implicar el abandono del país. Como tercera alternativa está la tramitación de una visa U, aplicada para aquellos ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de acto criminal. En este caso, el número de personas que obtienen la visa no puede exceder de 10.000 y el tiempo de espera suele ser de entre cinco y diez años.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja presentado por la defensa del actual legislador tucumano porque no cumplía con los requisitos formales. Leer más
El magistrado de la alta corte José Urbano confirmó que "existe prueba suficiente que acredita el estándar para la condena" contra los dos exfuncionarios del Gobierno de Uribe
El expresidente está imputado por intentar mantenerse en el poder tras perder los comicios. Según la acusación, también habría incentivado los disturbios en Brasilia y planeado atentados contra autoridades. Podrían condenarlo a 40 años de prisión. Leer más
El fallo habilita a la administración republicana a avanzar con deportaciones. La medida afecta a personas que habían recibido protección humanitaria bajo la gestión de Joe Biden. Leer más
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a más de 350 mil venezolanos. El beneficio había sido impulsado por la administración de Joe Biden, mientras que en febrero de este año fue revertido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con esta decisión judicial, los afectados podrían perder su permiso de trabajo y enfrentar la deportación, mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.Adiós al TPS: la orden que abre una nueva etapa en los planes de Trump"Es la mayor revocación de estatus migratorio para un solo grupo en la historia moderna del país", denunció Ahilan Arulanantham, uno de los abogados del caso. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que se opuso a la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos. Aunque el proceso legal continúa, esta determinación de la Corte Suprema allana el camino para que la administración Trump acelere su agenda migratoria, que también incluye la eliminación del TPS para haitianos a partir de agosto. Cronología del TPS para venezolanos: del impulso de Biden a la revocación de TrumpEl programa TPS fue creado en 1990 para conceder protección migratoria temporal a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis excepcionales. En marzo de 2021, Biden incluyó a Venezuela debido a la grave crisis humanitaria y política de ese país. En octubre de 2023, extendieron ese beneficio por 18 meses. No obstante, con su llegada a la Casa Blanca, Trump decidió dar marcha atrás con el TPS para venezolanos, al argumentar que el programa era "contrario al interés nacional". Entonces, ordenó su anulación, que iba a entrar en vigor el 7 de abril. Fue entonces que un juez federal en California bloqueó temporalmente esa acción al considerar que la postura del presidente estaba basada en prejuicios raciales. Sin embargo, esa medida fue levantada este lunes por la Corte Suprema.Noticia en desarrollo.
WASHINGTON.- La Corte Suprema permitió el lunes a la administración del presidente Donald Trump retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación.La orden de la corte, con solo un disenso registrado, suspende un fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, el cual de otro modo habría expirado el mes pasado. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.El programa TPS es una designación humanitaria para países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes, que ofrece a los beneficiarios que viven en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo. Puede ser renovado por la secretaria de Seguridad Nacional.El gobierno estadounidense del demócrata Biden designó dos veces a Venezuela para el TPS, en 2021 y 2023. En enero, días antes de que Trump volviera al poder, anunció una prórroga de los programas hasta 2026.El tribunal accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la orden del juez de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, que había paralizado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección contra la deportación conferida a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal.La acción se enmarca en una demanda presentada por algunos de los beneficiarios del TPS y el grupo de defensa National TPS Alliance, que dijeron que Venezuela sigue siendo un país inseguro.El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia que la administración de Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permita terminar el permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales sobre los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.La administración se ha movido agresivamente para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo el fin del estatus de protección temporal para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Ese estatus se concede en incrementos de 18 meses.Las protecciones iban a expirar el 7 de abril, pero el juez Edward Chen ordenó una pausa. Encontró que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas, las expondría a la deportación a un país inseguro y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.Chen, quien fue nombrado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener el programa vigente."La generalización de la criminalidad a la población venezolana con TPS en su conjunto carece de fundamento y huele a racismo basado en falsos estereotipos generalizados", escribió Chen, añadiendo que los titulares de TPS venezolanos tenían más probabilidades de ser licenciados que los estadounidenses y menos probabilidades de cometer delitos que la población estadounidense en general.Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere indebidamente con el poder de la administración sobre la inmigración y los asuntos exteriores.Los abogados del Departamento de Justicia dijeron en su presentación ante la Corte Suprema que Chen había "arrebatado el control de la política de inmigración de la nación" a la rama ejecutiva del gobierno."La orden del tribunal contraviene las prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la política de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, de ritmo rápido y discrecional", escribieron.Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país porque la "decisión de terminar el TPS no equivale a una orden de deportación final".El Departamento de Estado actualmente advierte contra los viajes a Venezuela "debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestro, la aplicación arbitraria de las leyes locales, el crimen, los disturbios civiles, la mala infraestructura de salud".El gobierno de Trump también puso fin en abril al TPS para miles de afganos y cameruneses en Estados Unidos. Esas acciones no forman parte del caso actual. El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir de deportación a personas de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.Agencias AP y Reuters
Ambos fiscales se encontraban al frente de investigaciones de alto perfil relacionadas con aforados constitucionales, por lo que su retiro ha causado desconcierto entre funcionarios y observadores del sector judicial
"Acaba de dictaminar que los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales que ingresaron ilegalmente a nuestro país no pueden ser expulsados sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso", manifestó el mandatario en Truth Social
El máximo tribunal del país ordenó que el caso regrese a una instancia inferior para evaluar si las medidas aplicadas por el gobierno cumplen con las garantías legales mínimas exigidas por la Constitución
La decisión busca optimizar los recursos judiciales, aunque los suarios podrán realizar consultas por correo electrónico o vía telefónica en las líneas habilitadas
El Eternauta, esa historieta que forma parte del corazón cultural argentino, llegó a Netflix en forma de serie y ya es un éxito. Pero lo que muchos no saben es que, antes de aparecer en las pantallas, tuvo que atravesar un camino largo y lleno de obstáculos. No técnicos ni creativos, sino legales. Porque para que esta historia pudiera contarse de nuevo, primero había que hacer justicia.Todo empezó hace décadas, cuando Héctor Germán Oesterheld -guionista y creador de El Eternauta- fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. También lo fueron, lamentablemente, sus cuatro hijas. Su esposa, Elsa Sánchez, quedó sola. En ese contexto de desesperación y dolor, firmó en 1982 un contrato en el que supuestamente cedía los derechos de la obra. Pero ese acuerdo, hecho sin defensa legal y en condiciones absolutamente desiguales, fue luego impugnado por la familia.En 1996, la Justicia les dio la razón: ese contrato era nulo. Lo que parecía perdido se recuperó. La familia volvió a tener los derechos sobre el guion. Años más tarde, el dibujante Francisco Solano López también recuperó los suyos sobre los dibujos. Sin embargo, la editorial que había recibido esa cesión siguió usando el nombre El Eternauta como si nada hubiese pasado. Incluso registró la marca para explotarla comercialmente.Entonces la batalla continuó. Esta vez, por la marca. Porque una cosa es el derecho de autor, y otra -aparentemente- el derecho a registrar una marca. Pero, ¿puede una empresa registrar el nombre de una obra que no le pertenece? ¿Puede apropiarse de un título sin tener ningún derecho legítimo sobre él?Esa pregunta llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la respuesta fue clara: no. En 2018, la Corte falló a favor de la familia de Oesterheld y de Solano López. Declaró la nulidad de las marcas registradas sin consentimiento. Dijo que nadie puede registrar un título como El Eternauta sin tener los derechos de autor o la autorización expresa de sus creadores. Y que, además, no se puede ignorar la sentencia firme de 1996 que ya había reconocido quiénes eran los verdaderos dueños.En otras palabras, antes de convertirse en una serie, El Eternauta tuvo que ganar un juicio. Y no uno cualquiera: un juicio por la memoria, la dignidad y la justicia. Porque detrás de cada viñeta, de cada palabra escrita, había una historia de vida, de pérdida y de resistencia.El fallo no solo protegió los derechos de una familia. También dejó una lección: la propiedad intelectual no es solo un papel o un trámite. Es el reconocimiento de un autor. Es respetar su obra, su legado, su lucha.Sin embargo, El Eternauta no es solo un símbolo cultural. Es también un activo estratégico en una industria que representa una verdadera oportunidad para el desarrollo económico del país. Según un estudio reciente del BID y Netflix, por cada 10 millones de dólares invertidos en una producción audiovisual en la Argentina, se generan cerca de 30 millones en la economía total. Es decir, el cine no solo cuenta historias: genera empleos, moviliza servicios, impulsa el turismo y activa industrias complementarias como la publicidad, la tecnología, el diseño o la construcción. En la Argentina, según el mismo relevamiento, más del 68% del gasto de una producción audiovisual se distribuye en sectores ajenos al cine en sí. Esa es la potencia de esta industria: un motor que no solo proyecta relatos, sino también desarrollo. Que El Eternauta haya podido llegar a Netflix con su historia legal resuelta es también una señal de que, para que una industria crezca con raíces firmes, primero hay que cuidar sus cimientos: los derechos de autor, la legitimidad de las marcas y el respeto por quienes crean.Hoy celebramos que El Eternauta esté en Netflix. Que nuevas generaciones conozcan a Juan Salvo, al manto mortal de nieve y al invasor silencioso. Pero también celebramos que haya llegado allí con su identidad intacta, gracias a un camino legal que reivindicó lo que nunca debió haberse perdido: el derecho de los autores a ser reconocidos.Cuando se encienda la pantalla, no solo veremos ciencia ficción. Veremos también una verdad restituida. Porque, a veces, para que una historia pueda contarse con libertad, primero tiene que ser defendida con justicia.Director Ejecutivo de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral
José Fernando Orellana enfrenta una pena de tres años. Dentro de un despacho de la Cámara Baja sometió a una mujer que trabajaba para otra legisladora
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso para del exdiputado José Fernando Orellana, hoy legislador provincial de Tucumán, por el abuso sexual simple de una empleada del Congreso Nacional. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja de la defensa de Orellana porque la presentación no cumplía con los requisitos formales.El abusoDe acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, el 11 de noviembre de 2016, en uno de los Anexos de la Cámara de Diputados de la Nación, la secretaria de una legisladora ingresó al despacho del por entonces diputado peronista Orellana para informarle que había gente en la planta baja que quería verlo. En ese momento, Orellana la abordó y le dijo: 'Vos necesitas alguien que te quiera' y también: 'Me encantas desde que te vi'. Siempre según la reconstrucción hecha en el expediente, la tomó de la mano, le pidió su teléfono y se levantó de su silla; la sujetó, le besó su oreja izquierda y le dijo: "Seguramente nadie te besó así, ¿no?"En un primer momento, Orellana fue sobreseído, pero la fiscalía 47 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) apelaron esa decisión. El caso se reabrió y Orellana fue procesado por abuso sexual simple y enviado a juicio oral.El fiscal Sandro Abraldes fue el responsable de la acusación, que se basó en el testimonio de la víctima, las filmaciones que corroboraron lo que ella dijo sobre su llegada y salida del despacho, y un informe de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las víctimas (Dovic), que analizó el estado psicofísico de la joven. "Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de diputado nacional para intimidar a la víctima y de ese modo concretar el acto sexual", aseguró Abraldes. La querella pidió para Orellana una pena de cuatro años de prisión. Él siempre negó la acusación y alegó que trató de un invento para perjudicarlo en su carrera política.En 2022, el juez Federico Salvá, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, condenó al exdiputado a tres años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En 2024, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena. Los jueces advirtieron que es habitual en casos como éste que el único testimonio directo disponible sea el de la propia víctima, y destacaron como una pruebas clave los relatos recibidos de personas ajenas a las partes, que supieron de lo ocurrido instantes después del hecho.Cuando lo condenaron, Orellana era intendente de Faimaillá, en Tucumán, un cargo en el que se alternó con su hermano mellizo varias veces.
El dictamen del Procurador Eduardo Casal es el primer movimiento de la causa desde hace más de un mes. En los próximos días podrían tratar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti
Eduardo Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex vicepresidenta. Leer más
WASHINGTON.- En lo que podría ser uno de sus casos más resonantes del año, la Corte Suprema de Estados Unidos abordará este jueves una de las órdenes ejecutivas más controvertidas del presidente Donald Trump en su segundo mandato: poner fin a la garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales.Los jueces de la Corte escucharán los argumentos en un caso que podría tener efectos importantes sobre el poder de los jueces federales para obstaculizar la agenda del mandatario, cuya orden firmada en su primer día tras regresar a la Casa Blanca instruyó a las agencias federales que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.La administración Trump ha pedido a los jueces que reduzcan las medidas cautelares a nivel nacional para que se apliquen solo a las mujeres embarazadas, los grupos de defensa de los inmigrantes o los estados que desafiaron la prohibición, lo que los opositores al presidente afirman que entra en conflicto con la Constitución, las sentencias judiciales anteriores y la propia historia del país.Según los documentos presentados ante el máximo tribunal, se espera que el argumento de este jueves se centre principalmente en si los jueces individuales tienen el poder de emitir las órdenes a nivel nacional que han detenido temporalmente muchas de las iniciativas de Trump, mientras continúa el litigio.Desde enero pasado, la orden ejecutiva de Trump enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de estados como Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso pasó a ser clave la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tiene la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.Estaba previsto que los alegatos en el tribunal comenzaran poco después de las 10 (hora local), después de la publicación de al menos una opinión de un caso que la Corte ya ha visto en esta última etapa. Se programó una hora de debate oral, pero se espera que la vista judicial dure mucho más.La Corte había anunciado en abril pasado que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva de Trump, lo que en ese momento generó una respuesta del presidente sobre la que había sido una de sus promesas de campaña. Trump afirmó que estaba "muy contento" de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido "muy malinterpretada". Sostuvo que la 14ta Enmienda -que se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos- en realidad "trataba de la esclavitud"."No se trata de que lleguen turistas y toquen un poco de arena y de repente haya ciudadanía", dijo Trump. "Todo se trata de la esclavitud", agregó.Durante muchos años, jueces y expertos en derecho constitucional en Estados Unidos han coincidido en que, aunque la 14ta Enmienda se añadió a la Carta Magna después de la Guerra Civil (1861-1865), no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.ImpugnacionesLuego de que Trump firmara su controvertida orden ejecutiva, las impugnaciones legales fueron rápidas y pusieron el foco en lo que marca el texto de la 14ta Enmienda: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen".Los defensores de la ciudadanía por derecho de nacimiento lo destacan como una "piedra angular" de lo que significa ser norteamericano, parte del "espíritu nacional" del país como un lugar abierto a todos, "independientemente de su fe, raza o credo".Uno de los escritos presentados ante la Corte, por parte de un grupo de defensa de los inmigrantes, argumentó que "la ciudadanía por derecho de nacimiento es el núcleo del precepto fundacional de nuestra nación de que todas las personas nacidas en nuestro suelo son creadas iguales, independientemente de su ascendencia".Los fiscales generales de los estados que impugnan la orden ejecutiva de Trump presentaron una nota en la que argumentaban que la Corte ya había resuelto la cuestión en el histórico caso de 1898 "Estados Unidos contra Wong Kim Ark", en el que el máximo tribunal consideró que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense.En respuesta, el gobierno de Trump buscó limitar las órdenes federales para permitir que la decisión del mandatario entrara en vigor en la mayor parte de Estados Unidos mientras se resolvían las impugnaciones judiciales, por lo que presentó una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo. El presidente y sus allegados argumentan que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense. En ese sentido, desde el gobierno han dicho que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos", por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.Aunque se espera que la Corte decida sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, ese no es el tema que analizará el máximo tribunal este jueves. El principal tema será si, en este caso, las cortes inferiores pueden dictar "interdictos universales" para frenar una orden ejecutiva presidencial. El gobierno de Trump asegura que esta práctica es inconstitucional, porque se entromete en las funciones del Poder Ejecutivo.Este reclamo de Trump llegó a la Corte el 13 de marzo pasado, cuando la entonces procuradora general interina, Sarah Harris, acudió al máximo tribunal con lo que calificó como una "modesta solicitud" de emergencia. Pidió que se permitiera la entrada en vigencia de la orden ejecutiva en el país de forma limitada: excluyendo a los niños nacidos en los estados de las tres demandas en las que fallaron los jueces de Washington, Massachusetts y Maryland.Se espera que el Tribunal Supremo -que tiene una mayoría conservadora de seis a tres- emita un fallo antes de que finalice su mandato, a finales de junio o principios de julio, y podría establecer nuevas normas sobre cuándo son admisibles los mandamientos judiciales de ámbito nacional y cuándo no.
La Corte Suprema de Estados Unidos escucha este jueves 15 de mayo argumentos orales a favor y en contra de una de las órdenes ejecutivas más polémicas de Donald Trump: eliminar la ciudadanía por nacimiento. La Corte Suprema evalúa la orden de Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimientoEl primer día de su segundo mandato como presidente, Donald Trump firmó una controversial orden ejecutiva: poner fin a la práctica de otorgarles la ciudadanía estadounidense a todos los niños nacidos en ese país. Tras varios bloqueos por jueces federales, el debate llegó ahora al máximo tribunal de Estados Unidos.Según informó NBC News, lo que debate la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, tres de ellos designados por el propio Trump, es "únicamente en la cuestión de si los jueces de tribunales inferiores tenían la autoridad para bloquear la política a nivel nacional, como lo hicieron tres en diferentes casos".Noticia en desarrollo.
Este jueves 15 de mayo, la Corte Suprema de EE.UU. escuchará argumentos orales relacionados con la implementación de manera general de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de algunos inmigrantes.¿Qué consideran los jueces este jueves?La disposición generó controversia al considerar que va en contra de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas".La orden fue objeto de impugnación legal, pero la administración Trump apeló ante la Corte Suprema tres órdenes judiciales inferiores que detuvieron a nivel nacional la disposición.Aunque la disputa llega a los jueces a través de las objeciones al intento del presidente de eliminar la ciudadanía por nacimiento, la cuestión principal que se debate ante la corte es si los jueces de tribunales inferiores pueden emitir lo que se conoce como mandatos judiciales universales para bloquear una orden a nivel nacional.¿Cuándo emitirán su decisión los jueces? "La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, incluidos tres designados por Trump, se está centrando únicamente en la cuestión de si los jueces de tribunales inferiores tenían la autoridad para bloquear la política a nivel nacional, como lo hicieron tres en diferentes casos", explica NBC News.Al respecto de cuándo se emitirá una decisión, Scotus Blog indica que "no hay una respuesta definitiva", ya que en los últimos años, cuando los jueces han programado otros casos en su expediente de emergencia para alegatos orales, los plazos han variado.Sin embargo, advierten que el tribunal casi con certeza actuará sobre la solicitud del gobierno en este caso antes de su receso de verano, que normalmente comienza a fines de junio o principios de julio. La disputa por la ciudadanía por derecho de nacimiento en la Corte SupremaEl Center for American Progress indica que dado que las órdenes ejecutivas tienen un alcance limitado y no pueden cambiar la Constitución ni anular una decisión de la Corte Suprema, jueces de tribunales federales de distrito en Massachusetts, Maryland y Washington emitieron fallos judiciales a nivel nacional que bloquearon la medida del presidente.La Administración Trump apeló estos casos ante la Corte Suprema, y solicitó la suspensión de las medidas cautelares a nivel nacional y que la orden ejecutiva solo se suspendiera para las partes demandantes. El tribunal no respondió de inmediato a su solicitud, sino que programó la cita para descargar argumentos orales este 15 de mayo."La administración y sus aliados llevan meses criticando duramente a los jueces por emitir 'medidas cautelares universales' que han obstaculizado el uso agresivo del poder ejecutivo por parte de Trump", indican en NBC News.Un funcionario del Departamento de Justicia comentó a los periodistas: "Los mandatos judiciales universales emitidos por jueces de tribunales de distrito siguen obstaculizando fundamentalmente la capacidad del presidente de implementar su agenda".La cuestión clave que ahora está en la mesa y defenderán las partes involucradas, es si los jueces tienen autoridad para dictar medidas cautelares que vayan más allá de las partes directamente implicadas en el litigio.El medio citado precisa que si la Corte Suprema está de acuerdo, la Administración Trump podría implementar la política en parte, incluso mientras los litigios continúan y más personas demandan para obtener fallos que se apliquen a ellos.
CÓRDOBA.- En la nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia entre representantes del gobierno de Córdoba y del Ministerio de Economía de la Nación, hubo acuerdo. Según datos de la administración de Martín Llaryora, la administración nacional hará "transferencias mensuales de fondos a Córdoba por $60.000 millones a cuenta de 2025â?³ por la deuda que mantiene la Anses con la caja de jubilaciones provincial.El acuerdo descripto por el gobierno cordobés se ajusta a lo adelantado por LA NACION: el giro de una cifra "arbitraria" por parte de la Casa Rosada es lo que ya se conoce como "modelo Frigerio", en alusión a que el gobernador entrerriano firmó un entendimiento en el que recibe un monto por mes a cuenta de la discusión futura.La de Córdoba es una de las 13 cajas provinciales a las que Anses dejó de transferirle dinero desde la asunción de Javier Milei. La provincia reclama una deuda de $1 billón.A través de las redes sociales, Llaryora precisó: "En el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal del país, logramos un avance significativo: el Gobierno Nacional reconoció formalmente la deuda y los incumplimientos con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y presentó una propuesta concreta de pago que contempla transferencias mensuales de fondos a Córdoba por $60 mil millones a cuenta del año 2025â?³.Estuvimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un objetivo claro y firme: defender los intereses de #Córdoba, de su gente y, en especial, de nuestros #jubilados.En el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal del país, logramos un avanceâ?¦ pic.twitter.com/qpgiXBxvzO— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 14, 2025Precisó que el monto será "pagados con aportes mensuales de $5 mil millones durante 12 meses.En el transcurso de ese periodo se tienen que conciliar las auditorías desde el año 2019 al 2024, tiempo en el cual se establecerá la deuda que Anses tiene con la provincia de Córdoba".La Corte fijó una audiencia para dentro de seis meses para evaluar la marcha del acuerdo."Con un espíritu de colaboración y diálogo institucional, decidimos avanzar en esta instancia. En conjunto con Nación, acordamos continuar con un trabajo técnico que nos permita a través de auditorías cruzadas determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja", añadió el Gobernador.En la audiencia anterior, el 23 de abril pasado, Llaryora planteó: "Vine a defender el interés de los cordobeses. No solo de los jubilados cordobeses, porque seguimos pagando los haberes con el esfuerzo de todos, con los recursos de todos.No se puede permitir un avasallamiento de la institucionalidad".Esta negociación es seguida con interés por los gobernadores de las otras 13 jurisidicciones con las que hay deuda acumulada. Las transferencias de Anses están establecidas por ley, pero hace poco más de un año la Casa Rosada las interrumpió. Hay varios distritos que ya judicializaron el reclamo.
El exsenador de Cambio Radical fue condenado a más de seis años de cárcel, tras ser hallado culpable de colaborar con la Oficina de Envigado y las AUC entre 1994 y 2006
Las diferencias en el seno de la Corte Suprema de Justicia acerca de la condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero contra Lázaro Báez motivaron que se sorteen conjueces para definir el caso. Al haber en la Corte Suprema solo tres jueces, con que uno solo tenga una opinión diferente de los otros dos alcanza para que no se puede conformar una mayoría, que debe ser de tres votos concordantes. Por eso, la Corte resolvió hoy sortear dos conjueces para decidir. Estos conjueces se elegirán el 19 de mayo próximo entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. Esta es la causa que arrancó con el programa PPT, de Jorge Lanata, donde Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar confesaron que sacaron la plata negra de Báez del país y se mostraron videos de los acusados contando fajos de dólares y tomando whisky en luna "cueva" financiera de Puerto Madero. Báez está condenado por la causa de "La ruta del Dinero K" a 10 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados.En este expediente se los encontró culpables de blanquear al menos 60 millones de dólares. Los sacaron mediante la financiera oculta de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Esa plata, tras recorrer cuentas suizas de empresas constituidas en Uruguay y España, terminó lavada comprando bonos argentinos, que fueron vendidos y el dinero reingresado al país.Esa plata negra provenía supuestamente de la evasión fiscal de las empresas constructoras de Báez y de la corrupción en las licitaciones de obra pública.Esta causa salpica a Cristina Kirchner, ya que la Cámara Federal insiste para que sea procesada como supuesta dueña del dinero de Báez, pero el fiscal Guillermo Marijuan, que primero acusó, entendió después que no hay evidencia que lo avalen. La Casación confirmó las condenas, pero el caso llegó a la Corte mediante un recurso de queja de Báez. Allí, el empresario planteó que fue condenado por una ley de lavado que no estaba vigente al momento de los hechos.Los videos del recuento de dólares en la RosaditaEl cuestionamiento de Juan Martín Villanueva, el abogado de Báez, es que se condenó por lavado de dinero aplicando una ley posterior a los acontecimientos materia de juicio. Dijo que la ley vieja -que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos- no contemplaba el autolavado y que la ley nueva, que le aplicaron a él, sí lo contempla, pero como las leyes penales no son retroactivas, está mal condenado. El tribunal oral lo analizó y entendió que los hechos ocurrieron bajo la ley nueva y lo mismo opinó la Cámara de Casación, pero ahora debe fallar la Corte. Lo que debe resolver la Corte es si se confirma la condena o si se la revisa. El juez Carlos Rosenkrantz pidió el expediente para analizarlo y promovió enviar el caso al procurador general de la Nación Eduardo Casal para que dictamine si efectivamente se aplicó o no la ley penal más benigna.No adelantó que se debe revocar la condena, sino que planteó que corresponde debatir la aplicación de la ley de lavado de dinero que primero excluyó el autolavado y después lo incluyó.Sus colegas, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en cambio, entendieron que no era necesario hacer este análisis y se habrían pronunciado por rechazar los recursos de las defensas sin más explicaciones, invocando el articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. La Corte debe resolver sobre los recursos contra las condenas por lavado de Báez (10 años de prisión); su hijo Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Leonardo Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Pérez Gadín (6 años de prisión); Chueco (6 años de prisión); el directivo de Austral Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabián Rossi (4 años y 6 meses de prisión); César Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); el financista Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional) y Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).El presidente de la Corte, Rosatti, ordenó al secretario hacer un sorteo de conjueces, porque hay diferencias. Los dos conjueces podrían confirmar el fallo sumándose al rechazo de los recursos de las defensas por art. 280 o enviar el caso a la Procuración para que se analice la aplicación de la ley de lavado.La sentencia condenatoria fue recurrida ante la Corte mediante recursos que ingresaron en junio de 2023.El secretario penal Diego Seitún notificó a las partes que el 19 de mayo de 2025, a las 11, se hará el sorteo de conjueces para resolver el caso. Los conjueces se designan por sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, lo que incluye a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, excepto los que ya dictaron la sentencia condenatoria en revisión.Villanueva, el abogado de Báez, ya adelantó que quiere estar presente.Báez tiene otra condena a 10 años de prisión por la causa Vialidad, donde también está condenada Cristina Kirchner. Además, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por la compra de los terrenos de El Entrevero, en Uruguay, con costa de playa en José Ignacio.
Aunque la determinación de enviar a la cárcel a los expresidentes del Congreso por el caso de la Ungrd fue respaldada por la mayoría, dos magistrados denunciaron irregularidades que comprometerían la legalidad del fallo
Después del affaire con los dos senadores de Misiones que dieron vuelta su voto por ficha limpia â??minutos antes de que se contaran los votos en el tablero del Senadoâ??, los movimientos de los legisladores aliados al Gobierno quedaron bajo la lupa. Horas después de que cayera el proyecto que impide ser candidatos a los condenados por corrupción en segunda instancia, otro senador aliado al oficialismo, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal), presentó una iniciativa para ampliar la Corte Suprema. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿forma todo parte de un plan para conseguir un acuerdo político con el peronismo que le permita al Gobierno poblar el máximo tribunal?En la Casa Rosada aseguran que no tienen intenciones de sumar jueces a la Corte y que el proyecto de Romero corrió por su cuenta. "No fue idea nuestra", aseguraron muy cerca de Javier Milei a LA NACION. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo transmitió en la conferencia de prensa de este martes. "No es un proyecto impulsado por nosotros, hay que preguntarle al senador", dijo. En el Gobierno señalan que la intención oficial es completar únicamente los dos lugares vacantes del máximo tribunal. Según pudo saber LA NACION, cerca de Milei quieren proponer dos nombres nuevos y tienen la expectativa de conseguir acuerdo político para esas nominaciones, poniendo sobre la mesa de negociación un amplio paquete de vacantes que deben completarse en el Poder Judicial, desde el Procurador General (el jefe de los fiscales) que hoy está bajo el interinato de Eduardo Casal, hasta los pliegos de más de 150 jueces de todo el país, que el Gobierno prometió enviar hace más de seis meses y no lo hizo. La idea de la negociación "en paquete" es el mismo plan que la Casa Rosada se había trazado la primera vez, sin éxito. Los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla fracasaron en el Senado; los dos fueron nominados en comisión vía decreto pero ninguno pudo permanecer en el máximo tribunal. En aquellas tratativas, en Balcarce 50 deslizaban que estaban dispuestos a "evaluar" una ampliación de la Corte, siempre y cuando primero la oposición convalidara a Lijo y García-Mansilla. Ahora, el Gobierno se vuelve a exhibirse -al menos hacia afuera- confiado. "No necesitamos ampliar la Corte. Nos tenemos fe", aseguró un importante colaborador oficial que evitó responder si el envío de los dos nuevos pliegos será antes o después del recambio de la Cámara alta, en diciembre. Traba institucionalLa cuestión institucional está hoy fuertemente trabada por la escasa representación parlamentaria que tiene el oficialismo y por la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde el peronismo controla 34 bancas. Cerca del senador Romero también afirman que la iniciativa "no fue conversada con nadie del Poder Ejecutivo". Reconocen, no obstante, que ya se dieron charlas con los distintos bloques del Senado, desde el PJ que controla José Mayans hasta el bloque de La Libertad Avanza, a cargo de Ezequiel Atauche. El proyecto consta de un solo artículo. Establece que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete jueces, de los cuales no más de cinco de sus integrantes serán del mismo sexo". Es decir, que debería integrarse con al menos dos mujeres (ya hay tres hombres: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti). Romero, al igual que otros aliados, vienen presionando para que avance una ampliación de la Corte que le dé al Gobierno un vehículo para destrabar los acuerdos en el Senado que permitan llenar no solo las vacantes del máximo tribunal, sino también otros casilleros que están vacíos, tanto en la Justicia como en la Auditoría General de la Nación (AGN), que quedó con un sólo miembro y no puede firmar sus auditorías. Es decir, si bien ambas partes aseguran que no existieron diálogos previos, la intención del senador salteño es ofrendarle al Gobierno una vía y ser un artífice para que se destraben las cuestiones institucionales. Romero integra la Comisión de Acuerdos del Senado y fue uno de los senadores que apoyó el dictamen de Lijo el año pasado.
El histórico fallo ordena una distancia mínima de mil metros para pulverizar productos con este tipo de tóxicos.
La administración de Donald Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para revocar la medida judicial que frena la cancelación del parole humanitario que otorga estatus legal a más de 532 mil personas. El programa, impulsado por el gobierno de Joe Biden, beneficia a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.El pedido de Trump a la Corte Suprema para suspender el paroleEl procurador general John Sauer, en representación de la Administración Trump, presentó un recurso de urgencia ante la Corte Suprema de Justicia. Solicitó que se suspenda el fallo de la jueza federal Indira Talwani, que había bloqueado la cancelación masiva del parole.De acuerdo con Politico, Sauer consideró que la jueza federal de Boston se equivocó el mes pasado al fallar que los inmigrantes incluidos en el programa tienen derecho a una evaluación caso por caso antes de que se les revoque su estatus legal en Estados Unidos.Los argumentos de la administración Trump para revocar el paroleEl equipo legal de Trump argumenta que el parole es un beneficio discrecional. Según Sauer, la decisión de retirarlo también lo es, y recae exclusivamente, en Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).Según Sauer, Talwani interfirió de manera indebida con una decisión de política pública que debería quedar en manos del Poder Ejecutivo. "El Congreso reservó esas decisiones exclusivamente a la secretaria Noem, quien evaluó objetivos de política exterior y otros factores antes de tomar su decisión", escribió Sauer."Debería haber bastado con que el secretario evaluara los objetivos de política exterior y revocara el programa", sostuvo en el escrito judicial. Noem firmó la orden de cancelación en marzo. Sauer pidió a la Corte que corrija esta "tendencia desestabilizadora".¿Qué puede pasar si la Corte acepta el pedido?Luego de ser rechazado en la Corte de Apelaciones, Trump decidió acudir a la Corte Suprema. Si el máximo organismo judicial habilita la medida, miles de migrantes latinos perderán su estatus legal mientras continúa el litigio.Esto podría exponerlas a procesos de deportación inmediata. El fallo de Talwani había frenado esa posibilidad temporalmente. Trump busca revertir esa suspensión cuanto antes, mientras enfrenta al menos tres disputas migratorias más en el máximo tribunal.Los otros frentes judiciales de TrumpAdemás del parole, Trump decidió acudir a la Corte Suprema en otros frentes:La administración pelea por eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 600 mil venezolanos.Impulsa la deportación de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, bajo el argumento de presuntos vínculos con pandillas violentas.Otro frente involucra el intento por revocar la ciudadanía por nacimiento para bebés de migrantes que no hayan ingresado a Estados Unidos de forma legal.De acuerdo con Politico, los jueces del Supremo abordarán estas causas en una sesión inusual la próxima semana, aunque no está claro si tratará directamente la cuestión de la ciudadanía por nacimiento o si solo analizará las objeciones del gobierno respecto a que los jueces hayan emitido medidas cautelares a nivel nacional contra dicha política.Más allá de lo tratado, todas estas tensiones provocadas por la administración de Trump afectarían a cientos de miles de familias. Muchos beneficiarios ya se encuentran asentados, con empleo y arraigo en EE.UU.En cuanto al parole, organizaciones de derechos humanos advirtieron que el fin abrupto del programa podría provocar separaciones familiares y exponer a personas a situaciones de riesgo en sus países de origen.
Tras la caída de Ficha Limpia, un aliado del oficialismo presentó un proyecto para aumentar de 5 a 7 miembros el Máximo Tribunal."Lo propusieron opositores de todos los colores", aseguran en la Rosada.
El contenido fue hallado durante las obras que se están realizando para la creación del Museo del máximo tribunal. Leer más
El descubrimiento aporta más datos sobre la presencia de nazis en la Argentina. El presidente de la Corte, Horaco Rosatti, encabezó la apertura formal de las cajas en el Palacio de Tribunales, acompañado por autoridades de AMIA, el Museo del Holocausto y especialistas.
El legislador Juan Carlos Romero propuso elevar de cinco a siete la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal. Además, la iniciativa establece una representación mínima de dos mujeres entre sus miembros. Leer más
La propuesta incluye una cláusula que limita a cinco el número de jueces del mismo sexo, y se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la representación y la eficiencia del sistema judicial
La ministra Laura Sarabia enfrenta la primera investigación judicial en su contra, mientras crecen especulaciones sobre conflictos con el presidente Gustavo Petro